
La reciente reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado importantes debates sobre su impacto en la seguridad pública de México y el equilibrio de poderes en el país. Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, ofreció su análisis sobre este cambio y sus posibles repercusiones.
Militarización de la seguridad pública
Elizondo destacó que en democracias consolidadas, la seguridad pública no se encuentra bajo control militar. Señaló que, aunque el gobierno mexicano había prometido que la Guardia Nacional sería un cuerpo civil y temporalmente bajo supervisión militar, la realidad ha sido distinta, ya que la reforma ha consolidado el control de esta fuerza por parte de la Sedena.
El analista lamentó que, en los últimos seis años, no se haya logrado desarrollar una policía civil robusta, lo que ha llevado a una militarización que no ha cumplido las expectativas de pacificar al país.
Fuero militar y derechos humanos
Uno de los puntos de mayor preocupación es que, con la reforma, la Guardia Nacional estará sujeta al fuero militar. Esto implica que si sus elementos cometen violaciones a los derechos humanos, serán juzgados por tribunales militares. Elizondo subrayó que esta situación deja a los ciudadanos sin representación adecuada en casos de abuso, creando un escenario en el que la fuerza de seguridad opera con menos transparencia.
“Este es un cuerpo que cada vez tiene más poder. Los ciudadanos van a tener miedo de enfrentarse a una fuerza tan poderosa y opaca”, alertó el académico, reflejando su inquietud sobre el creciente control militar en temas de seguridad pública.
Riesgos para el equilibrio de poderes
Elizondo también advirtió que este tipo de reformas podrían conducir a un debilitamiento de los contrapesos institucionales en México. En su análisis, subrayó que tanto la reforma de la Guardia Nacional como la del Poder Judicial fueron aprobadas de manera acelerada y sin la deliberación necesaria. Esto podría consolidar un poder ejecutivo sin suficientes frenos, lo que aumenta el riesgo de un régimen autoritario.
A pesar de estos desafíos, el experto manifestó su esperanza en que el gobierno actual actúe con autocontención en el uso de este poder, aunque los riesgos de un avance hacia un modelo sin contrapesos siguen siendo palpables.
Este análisis pone en relieve las preocupaciones sobre el rumbo de la política de seguridad en México, en un contexto donde la militarización sigue en aumento y los ciudadanos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas.