
Expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación por la reciente propuesta de trasladar el control de la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en México. Según señalaron, esta medida podría incrementar el riesgo de abusos a los derechos humanos, como la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
La reforma constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre y próxima a ser votada en el Senado, asignaría de manera permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Este aspecto ha sido motivo de alerta para los especialistas de la ONU, quienes advierten que podría derivar en un aumento de las desapariciones forzadas y en una mayor impunidad en estos casos.
Preocupación por el papel militar en seguridad pública
Desde hace varios años, los organismos internacionales han advertido sobre el creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México. Este fenómeno se ha incrementado con políticas públicas y reformas legislativas que extienden las funciones de las fuerzas militares más allá de sus tareas tradicionales, lo que ha sido motivo de preocupación para defensores de derechos humanos.
Los expertos de la ONU reconocen los desafíos de seguridad que enfrenta el país, pero subrayan la importancia de que las medidas adoptadas se alineen con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, hicieron un llamado para que cualquier presunta violación cometida por las Fuerzas Armadas sea investigada de manera independiente y que los responsables comparezcan ante la justicia.
Recomendaciones para México
Los especialistas han recordado que desde 1999 diversos órganos de la ONU han recomendado que las labores de seguridad pública sean llevadas a cabo por fuerzas civiles, y que la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas sea estrictamente complementaria y subordinada a la autoridad civil. Señalan que aprobar la reforma significaría contravenir estas recomendaciones, lo que pondría en riesgo las garantías de protección de los derechos humanos.
Por último, los expertos recomiendan fortalecer la Guardia Nacional bajo un enfoque de seguridad ciudadana y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. También sugieren la necesidad de establecer un diálogo que permita planear el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
La ONU mantiene contacto con el gobierno mexicano y ha ofrecido cooperación técnica para garantizar que cualquier medida adoptada respete los derechos humanos y que los casos de desapariciones forzadas sean investigados conforme al derecho internacional.