Las autoridades han confirmado la recuperación de 60 cuerpos de mineros clandestinos desde el inicio de las operaciones de rescate el pasado lunes en una mina de oro en Buffelsfontein, ubicada a unos 160 kilómetros de Johannesburgo. El lugar, utilizado para la minería ilegal, ha sido escenario de un operativo que busca desalojar a cientos de personas atrapadas en condiciones precarias desde hace más de dos meses.
Contexto de la operación
Según la portavoz policial Athlenda Mathe, hasta el martes se habían rescatado con vida a 106 personas, quienes fueron detenidas por minería ilegal. Sin embargo, 51 fallecidos se sumaron a los nueve cuerpos recuperados previamente. Los trabajos de extracción continúan en esta mina, que alcanza una profundidad de 2.6 kilómetros, con el objetivo de sacar a los llamados zama zamas—término en zulú que significa “aquellos que intentan”.
La mayoría de estos mineros clandestinos son inmigrantes provenientes de países vecinos, quienes permanecen bajo tierra para evitar ser arrestados y deportados. Sus actividades son mal vistas por las comunidades locales y las empresas mineras debido a su asociación con problemas de seguridad y delitos en la región.
Retos en el proceso de rescate
El Ministro de Policía, Senzo Mchunu, señaló que no es posible determinar cuántas personas continúan atrapadas, ya que las cifras son estimaciones. Desde agosto, cuando comenzaron los operativos para desalojar estas explotaciones ilegales, han sido arrestados 1,500 mineros.
El rescate también ha enfrentado críticas, ya que las autoridades fueron acusadas de cortar el acceso a alimentos y agua, lo que presionó a los mineros para que emergieran. En noviembre, un tribunal ordenó a la policía permitir el suministro básico por parte de la comunidad local, que depende de la economía informal generada en torno a la mina.
Un desafío humanitario y legal
Las minas ilegales en Sudáfrica representan un problema complejo que involucra factores económicos, sociales y legales. Las autoridades han reforzado los operativos para desalojar estas zonas, pero el caso de Stilfontein destaca los riesgos a los que se enfrentan quienes trabajan en condiciones subterráneas extremas.
Mientras las operaciones de rescate y desalojos continúan, la situación plantea preguntas sobre la regulación de estas actividades y las alternativas económicas para las comunidades afectadas.
